Derecho a obtener servicios públicos de calidad

Definición

Derecho de toda persona a disfrutar de servicios, buenas prácticas administrativas e infraestructura que el Estado debe proporcionar para asegurarle una calidad de vida digna y fomentar su desarrollo integral.

Fundamentación jurídica

Internacional

Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25.1)
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 11.1 y 12.1)
Observación General No. 15 del Comité DESC
Observación General No. 14 del Comité DESC

Nacional

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1,4, párrafos tercero, quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo tercero, décimo cuarto, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, 27, y 115, fracción III)
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (artículo 4)
Ley General de Salud
Ley de Aguas Nacionales
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Local

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (artículos 5)
Ley Orgánica Municipal (artículo 125)
Ley de Agua del Estado de México y Municipios
Ley de Salud del Estado de México
Ley de Residuos Sólidos del Estado de México
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de México
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios

Actos violatorios

Toda acción, omisión o aquiescencia por parte del Estado orientada a evitar que cualquier persona pueda disfrutar de servicios, buenas prácticas administrativas e infraestructura que el Estado debe proporcionar para asegurarle una calidad de vida digna y fomentar su desarrollo integral. Ejemplos: omisión de garantizar el derecho a la obtención de servicios públicos de calidad; negativa, restricción u obstaculización del derecho a usar, ocupar, producir y disfrutar equitativamente una ciudad justa, democrática, inclusiva, sustentable y disfrutable; omisión de garantizar una gestión democrática y la inclusión social y productiva; omisión de garantizar una distribución equitativa en el disfrute de los bienes público; omisión de garantizar el manejo sustentable y responsable de los bienes ambientales y los recursos económicos; omisión de fortalecer el tejido social y la convivencia; omisión de reconocer y proteger la composición pluricultural del estado o municipio.